Publicado originalmente en inglés en Red Mole el 11 de febrero de 2026 con el título «You Handed Us Over: Ukrainian and Russian socialists judge the Western left», como tercera parte de la serie «With Washington and Moscow» («Con Washington y Moscú»). Original
Nota a la edición en castellano
Este artículo se publicó en inglés el 11 de febrero de 2026 y es, desde entonces, el más leído de Red Mole. Lo publicamos ahora en castellano, en noviembre, con tres cambios.
Lo que ha pasado desde febrero. El texto original daba por hecho un acuerdo entre Trump y Putin a partir del plan de 28 puntos que Washington presentó en noviembre de 2025 y que analizaban las dos primeras partes de esta serie. Nueve meses después, ese acuerdo no se ha firmado. Hubo rondas trilaterales en Abu Dabi y Ginebra en enero y febrero, una tregua de tres días en mayo que no duró y una nueva ronda en Abu Dabi en noviembre, que se cerró con un canje de prisioneros pero sin alto el fuego ni pacto territorial. Moscú sigue exigiendo todo el Donbás. No cambia el argumento del artículo: lo que se negocia sigue siendo un reparto de Ucrania por encima de los ucranianos, y la izquierda campista sigue ofreciéndole cobertura. Pero conviene leer como programa en disputa lo que en febrero se presentaba como desenlace.Datos actualizados. El programa del FMI de 2023 ha sido sustituido por un nuevo Servicio Ampliado de 8.100 millones de dólares, aprobado el 26 de febrero de 2026; el FMI prevé que la deuda pública ucraniana pase del 108,7 % del PIB en 2025 al 122,6 % en 2026. El nuevo Código del Trabajo, retirado en julio y presentado de nuevo en septiembre (proyecto n.º 16010), está pendiente de primera lectura en la Rada. Las demás cifras se refieren a la situación de febrero de 2026, salvo que se indique otra cosa. Hemos corregido algunos errores del original; se enumeran en la Nota de traducción.
Dos apartados nuevos. Para los lectores de habla hispana hemos añadido un apartado sobre la no intervención de 1936, que el original solo mencionaba de pasada, y otro sobre la izquierda del Estado español y de América Latina ante Ucrania.En síntesis: la tercera parte de la serie «Con Washington y Moscú» cede la palabra a los propios socialistas ucranianos y rusos. Desde 2022, Sotsialnyi Rukh (Movimiento Social) combate en dos frentes: contra la invasión rusa y contra la Ley 5371, que dejó fuera de la protección del Código del Trabajo a cerca del 70 % de la población asalariada de Ucrania, todo ello bajo un programa del FMI con 325 condiciones y una deuda pública superior al 104 % del PIB. Esa combinación destruye la coartada campista de «ambos bandos», porque las personas a las que la izquierda occidental se negó a armar ya estaban luchando contra ambos bandos. Denys Pilash pregunta por cuenta de quién libra hoy Ucrania una guerra por delegación, ahora que Washington ha convergido con Moscú. Taras Bilous constata que, sin las fuerzas armadas, «la izquierda en Ucrania dejaría de existir». El Movimiento Socialista Ruso, disuelto tras ser declarado «agente extranjero», exigía armas, la retirada total de las tropas rusas y la cancelación de la deuda mientras sus militantes se exponían a condenas más largas que las que se imponen por asesinato. La Declaración de Bruselas de 2025 establece lo que exige de verdad la solidaridad. Stop the War no propuso nada de eso.Durante tres años, sectores de la izquierda occidental debatieron sobre Ucrania. Lo debatieron en salas de congresos y en llamadas de Zoom, en consejos de redacción y en el circuito de los pódcasts. Debatieron si era una guerra por delegación o una guerra de verdad, si las armas prolongaban la matanza o la acortaban, si la ampliación de la OTAN provocó la invasión o simplemente la precedió. Lo debatieron con enorme seguridad. Y lo debatieron sin apenas referirse a lo que decían los propios ucranianos.
Esa etapa ha terminado. El acuerdo entre Trump y Putin, documentado en la primera y la segunda parte de esta serie, ha traído el desenlace que reclamaba la izquierda «antibelicista»: negociaciones, concesiones territoriales y la rehabilitación de la agresión rusa como hecho consumado. Y quienes fueron entregados en ese proceso tienen algo que decir.
Esta entrega invierte la dinámica habitual. No es otro comentario occidental sobre Ucrania. Es el veredicto de los socialistas ucranianos y rusos sobre una izquierda occidental que pretendía hablar en su nombre mientras, en la práctica, los abandonaba al reparto entre imperios. No son víctimas que piden compasión. Son actores políticos, organizadores y teóricos que libran una guerra en dos frentes a la vez, y su juicio es demoledor.
El segundo frente
Lo primero que la izquierda occidental de la «guerra por delegación» nunca entendió, o nunca quiso entender, es que los socialistas ucranianos no son la claque de Zelenski. Nunca lo fueron. Desde las primeras semanas de la invasión, organizaciones como Sotsialnyi Rukh (Movimiento Social) formularon lo que llaman la lucha «en dos frentes»: contra la agresión militar rusa y contra la ofensiva del Gobierno de Zelenski, en plena guerra, contra los derechos de los trabajadores. La distinción importa muchísimo, porque derriba la coartada campista. No se puede pretender que se rechaza a «ambos bandos» cuando las personas a las que uno se niega a apoyar ya están luchando contra ambos bandos.
El segundo frente es real, y es despiadado. En julio de 2022, mientras los soldados ucranianos aguantaban la línea al este de Járkov, la Rada Suprema (Verjovna Rada) aprobó la Ley 5371. La ley introdujo las «relaciones laborales contractuales» en las empresas de menos de 250 trabajadores, lo que vació de contenido el Código del Trabajo para cerca del 70 % de la población asalariada ucraniana. Los empresarios pueden ahora saltarse por completo los convenios colectivos y negociar contratos individuales que eliminan las protecciones básicas. La Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (KVPU) la condenó. La CSI y la CES [las confederaciones sindicales internacional y europea] la calificaron de «ataque persistente contra los sindicatos, impulsado por los oligarcas que están detrás del partido gobernante». Un mensaje en redes sociales de un soldado ucraniano, difundido por Sotsialnyi Rukh, recogía la indignación: mientras mineros, metalúrgicos, maestros y médicos defienden en el frente la libertad de Ucrania, «las ratas de retaguardia bien cebadas de la Rada Suprema nos apuñalan por la espalda».
Y la cosa empeora. El proyecto de Código del Trabajo de 2024-2025 pretende convertir las restricciones de tiempos de guerra en rasgos permanentes de la economía. Vitali Dudin, dirigente de Sotsialnyi Rukh, lo llama «el mayor ataque contra los derechos de los trabajadores» de la historia del país. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, 2.747 trabajadores han resultado heridos y 677 han muerto en accidentes laborales; muchos no han recibido la indemnización que prometió el Estado. Se ha movilizado a organizadores sindicales. Locales sindicales que dan cobijo a miles de desplazados internos están amenazados de incautación. Organizar una protesta bajo la ley marcial, cuenta Dudin, es «mucho más agotador emocionalmente» cuando los militantes tienen que demostrar su derecho a estar en la calle.
Luego está la trampa de la deuda. La deuda pública de Ucrania se ha disparado del 51 % del PIB antes de la invasión a más del 104 % a finales de 2025. El Servicio Ampliado del FMI de 2023, de 15.600 millones de dólares, venía envuelto en 325 condiciones: privatización de empresas públicas, recortes de las pensiones y más «flexibilización» del mercado de trabajo. En 2024, la United Mining and Chemical Company, productora estratégica de titanio, se privatizó por apenas algo más del precio de salida, con un único participante en la subasta. Los críticos socialistas lo llaman «acumulación por desposesión» disfrazada de modernización. El acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania concede al capital norteamericano el 50 % de los ingresos y derechos de tanteo sobre las reservas ucranianas de litio y titanio. Dudin lo describe sin rodeos como «el deseo del capital norteamericano de un acceso sin restricciones a los recursos minerales de Ucrania».
Y la crisis de la movilización deja al descubierto una dimensión de clase que el Gobierno preferiría ocultar. Las propuestas de «reserva económica», que permitirían a las empresas eximir del servicio militar a sus empleados a cambio de una cuantiosa tasa, significan en la práctica que los ricos compran su salida mientras las clases populares combaten. Sotsialnyi Rukh lo plantea con acierto: es una «guerra de los pobres». Las familias de soldados que combaten desde febrero de 2022 sin rotación han protestado en más de once ciudades.
Esta es la realidad que la izquierda campista nunca pudo asimilar. Los socialistas ucranianos exigen armas para combatir a Rusia y exigen la derogación de la Ley 5371. Quieren armas para la autodefensa y quieren la cancelación de la deuda. Combaten la invasión y combaten al FMI. Ninguna fórmula cómoda de «ambos bandos» puede contener esto. Exige algo que la coalición Stop the War [la principal coalición antibélica británica] y el Comité Internacional de los DSA [Socialistas Democráticos de América] nunca han estado dispuestos a ofrecer: solidaridad con una lucha que se niega a encajar en sus categorías geopolíticas previas.
El veredicto
Los socialistas ucranianos no han tenido reparo en dar nombres. Su crítica a la izquierda occidental es concreta, documentada y furiosa.
Denys Pilash, politólogo y miembro de Sotsialnyi Rukh, ha sido la voz más afilada. En su entrevista de marzo de 2025 con Federico Fuentes para Links, Pilash describió la reunión entre Trump y Zelenski como un intento de «humillar no solo a Zelenski, sino a Ucrania y a su pueblo», con Trump y Vance actuando como «matones que se ponen del lado de otro matón». Pero Pilash reserva su crítica más punzante para los progresistas occidentales que apoyan un acuerdo así por el deseo de poner fin a la matanza. Esa manera de pensar, sostiene, supone una «clara ruptura con la política de izquierdas», que sustituye el análisis de clase por una «realpolitik cínica».
Después, Pilash plantea la pregunta que deja la sala en silencio: «Nuestra situación actual debería disipar también el argumento simplista de que todo esto era solo una guerra por delegación. Si es así, ¿por cuenta de quién libra Ucrania ahora una guerra por delegación? Está claro que Estados Unidos no está del lado de Ucrania: está convergiendo con Rusia. Entonces, ¿libra Ucrania una guerra por delegación en nombre de Dinamarca? ¿De Letonia?». El marco de la «guerra por delegación» no solo interpretó mal el conflicto. Quedó obsoleto en el momento en que Washington y Moscú se sentaron juntos a repartirse Ucrania. Y las organizaciones que llevaban tres años aplicando ese marco se quedaron sin herramientas analíticas para entender lo que estaba pasando.
Pilash vincula el reparto de Ucrania a un «eje global de la reacción extrema» encabezado por Trump, Putin y Netanyahu, definido por una «visión chovinista y excluyente» que aspira a desmantelar las conquistas sociales del siglo XX. Si a la izquierda «le parecen bien» los planes de ese eje para Ucrania, sostiene, está avalando implícitamente planes semejantes para el pueblo palestino, puesto que en ambos casos «potencias imperialistas deciden unilateralmente el destino de naciones más pequeñas». La selectividad del antiimperialismo campista, que dice apoyar a Palestina mientras abandona a Ucrania, se derrumba ante este análisis.
Taras Bilous, director de la revista Commons (Spilne) y soldado de las Fuerzas de Defensa Territorial, fijó los términos de este debate ya en febrero de 2022 con su «Carta a la izquierda occidental escrita desde Kiev», publicada en openDemocracy y luego en Dissent, cuyo subtítulo en castellano lo resumía así: «El “antiimperialismo de los idiotas” hizo que la gente hiciera la vista gorda ante las acciones de Rusia». Él y sus compañeros de Commons describen las negociaciones entre Trump y Putin como nada menos que un «reparto de Ucrania por encima de las cabezas de los ucranianos».
La posición de Bilous se apoya en algo que la izquierda occidental olvida a menudo: la realidad física. «Si no nos hubiéramos incorporado a las fuerzas armadas», declaró a International Viewpoint, «la izquierda en Ucrania dejaría de existir». No es una cuestión teórica. La ocupación rusa significa la liquidación de los sindicatos independientes, de las organizaciones socialistas, de los grupos feministas y de todo espacio democrático que los trabajadores ucranianos han construido desde la independencia. Cuando el SWP (Socialist Workers Party) o el Morning Star [diario vinculado al Partido Comunista de Gran Bretaña] reclaman una «paz negociada», están reclamando la destrucción física de los mismos movimientos a cuyo lado dicen estar.
Hanna Perekhoda, investigadora y militante, ha aportado la arquitectura teórica para entender por qué se equivocó la izquierda occidental. Su crítica apunta a lo que en Europa del Este se ha dado en llamar westsplaining [explicar el Este desde Occidente, por analogía con mansplaining]: una forma de colonialismo intelectual, una «injusticia epistémica» que silencia a quienes sufren directamente la agresión rusa. El pacifismo abstracto, sostiene, conduce a «soluciones irresponsables en la práctica». Perekhoda se dirige directamente a los DSA y a otras organizaciones occidentales: «Quienes imaginaron una “agresión de la OTAN en Ucrania”, y no fueron capaces de ver la agresión rusa, solo se opusieron a la injerencia occidental, mientras pasaban por alto, o incluso apoyaban, la intervención de Rusia».
Y Oleksandr Kyselov aporta el marco estratégico para lo que viene. En noviembre de 2025, en Jacobin, constataba que «las promesas occidentales de ayudar a Ucrania a luchar hasta la victoria final suenan cada vez más huecas». Recordaba también que, en 2022, la izquierda rusa, salvo una valiente minoría, se refugió en «fórmulas pacifistas» que culpaban de la guerra a ambos bandos y señalaban a la OTAN, a Boris Johnson y al «régimen oligárquico neonazi de Kiev». En diciembre publicó en International Viewpoint el documento socialista ucraniano más importante del año, «Luchar por la paz menos injusta». Su concepto de la «paz menos injusta» reconoce la insoportable realidad militar sin renunciar a los principios socialistas. Kyselov dirige una crítica especial al Grupo de la Izquierda del Parlamento Europeo, que, salvo sus diputados nórdicos, se abstuvo o votó en contra de la resolución sobre una paz justa y duradera para Ucrania del 27 de noviembre de 2025, y prefirió «denunciar el militarismo» mientras un agresor imperialista proseguía su ofensiva. Escribe Kyselov: «el Grupo de la Izquierda… tiende a centrarse en… culpar a Europa de sabotear los esfuerzos diplomáticos»; y «la izquierda se limita en gran medida a denunciar el militarismo mientras el agresor continúa su ofensiva».
Voces del otro lado de la alambrada
La izquierda antibelicista rusa ocupa una posición que hace que la postura campista de «ambos bandos» parezca no ya equivocada, sino obscena. Son personas que se enfrentan a años de cárcel por decir lo que Andrew Murray y Lindsey German [dirigentes de Stop the War] son libres de negarse a decir desde la comodidad de las tribunas londinenses. Y la represión no es abstracta. Es estadística, sistemática y creciente.
Veamos las cifras. En 2021, el último año antes de la guerra, alrededor del 40 % de las condenas en causas por motivos políticos acababan en prisión, según el índice de represión de Re:Russia. En el primer semestre de 2025, esa proporción se había disparado al 67 %. La condena media en las causas políticas pasó de seis a ocho años, según OVD-Info, que registra más de 20.000 detenciones por posturas contra la guerra. El Estado ha pasado de vigilar la protesta a algo cualitativamente distinto: la eliminación permanente de los disidentes de la sociedad. Las condenas por actividades contra la guerra superan ya con frecuencia a las impuestas por asesinato. A Ruslan Sidiki, condenado por un sabotaje ferroviario destinado a frenar el transporte de armas al frente, le cayeron veintinueve años en mayo de 2025. No es un elemento disuasorio. Es un mensaje.
El Movimiento Socialista Ruso (RSD, por sus siglas en ruso) entendió esta trayectoria. Declarado «agente extranjero» en abril de 2024, se disolvió en mayo de ese año. Un año antes, el 1 de mayo de 2023, había publicado una declaración decisiva titulada «Contra la media solidaridad y el falso pacifismo». En ella condenaba a los izquierdistas occidentales que dicen oponerse a «ambos bandos», con el argumento de que esa posición se pone de hecho del lado del agresor al negar a la víctima los medios para defenderse. Su análisis es inequívoco: la invasión de Putin es una «guerra de colonización» en la que la antigua colonia se niega a seguir siéndolo. «La única manera de que los rusos pongan fin a esta guerra», sostenían, «es convencer a los soldados de que dejen de combatir». Merece la pena enumerar sus siete reivindicaciones, porque representan exactamente lo contrario de lo que ofreció la izquierda campista: más envíos de armas para que Ucrania recupere sus territorios anexionados; la retirada completa de las tropas rusas del territorio ucraniano; que paguen el coste de la militarización los Gobiernos y las empresas que hicieron negocios con el régimen de Putin, y no los trabajadores; la cancelación de la deuda de Ucrania; facilidades de inmigración para acoger a los ucranianos y rusos que huyen de la represión y de la movilización; sanciones dirigidas contra la élite de Putin; y la abolición de la diplomacia secreta. Cada una de ellas coloca a los socialistas rusos en confrontación directa con su propio Estado. Todas fueron pasadas por alto por las organizaciones occidentales que decían hablar en nombre de la paz.
Ilya Budraitskis, teórico político y figura clave de la izquierda antibelicista rusa, que hoy escribe desde el exilio, ha ofrecido una influyente anatomía de la división dentro del socialismo ruso. Distingue entre un «socialismo desde arriba», la política estatista y vertical del Partido Comunista de la Federación Rusa, que ha respaldado con entusiasmo la invasión, y un «socialismo desde abajo», que concibe la emancipación como la autoactividad de las masas. Budraitskis ha cuestionado directamente lo que llama el «excepcionalismo norteamericano» de la izquierda: la idea de que «todo lo que hace Estados Unidos es malo» es demasiado tosca para captar una realidad en la que «lo que estamos viendo en realidad es el imperialismo ruso». Es lo que la militante sirio-británica Leila Al-Shami bautizó en 2018, a propósito de Siria, como el «antiimperialismo de los idiotas»: un marco que pasa por alto la capacidad de acción de los pueblos que sufren la agresión y, en este caso, el contexto histórico concreto del expansionismo ruso. Siria fue el banco de pruebas: los bombardeos rusos de Alepo anticiparon los de Járkov y Mariúpol, y la misma izquierda que hoy da la espalda a Ucrania se la dio entonces a la revolución siria.
La Resistencia Feminista contra la Guerra (FAS) representa algo verdaderamente nuevo. Fundada el 25 de febrero de 2022, un día después de la invasión, rechazó los modelos de dirección jerárquica que el Estado ruso ha sabido descabezar históricamente. Funciona, en cambio, como una red horizontal organizada en células, que a finales de 2022 agrupaba a más de 45 colectivos feministas en Rusia y en el extranjero. Las decisiones se toman por votación colectiva. No hay un dirigente central al que detener. No es una opción de diseño nacida solo de la ideología: es una estrategia de supervivencia.
La innovación táctica de la FAS merece atención, porque muestra cómo es la resistencia cuando se han cerrado todas las vías legales. Sus campañas se basan en lo que llaman «resistencia despersonalizada y descentralizada». Las militantes escriben consignas contra la guerra en billetes que pasan por miles de manos y no pueden rastrearse. La campaña «Mujeres de Negro» anima a las mujeres a vestir de luto en los espacios públicos en señal de duelo por la guerra: a ver quién criminaliza eso. Zhenskaya Pravda («La Verdad de las Mujeres»), su periódico clandestino, imita la estética de los periódicos gratuitos de barrio para no levantar sospechas mientras transmite contenidos radicalmente contrarios a la guerra. Son las tácticas de quienes han aprendido que la protesta visible significa la cárcel y se han adaptado en consecuencia.
La confrontación ideológica con la izquierda occidental estalló pronto. En 2022, 151 feministas de todo el mundo firmaron un manifiesto titulado «Resistencia feminista contra la guerra», que pedía una «desescalada militarista» y el fin de los envíos de armas. Las feministas ucranianas lo rechazaron de inmediato, porque lo veían como una exigencia de rendición de Ucrania. En julio de 2022, un grupo de ellas publicó en Commons un contramanifiesto: «El derecho a resistir». El título ya es un reproche. Afirma la legitimidad de la autodefensa armada de los oprimidos, y lo firmaron personas que viven bajo las bombas.
Entretanto, la infraestructura del exilio se ha convertido en una forma de resistencia en sí misma. El Arca (Kovcheg), fundada por la abogada de derechos humanos Anastasia Burakova, es la mayor iniciativa de apoyo a los rusos que se marcharon por su postura contra la guerra. Según sus propias cifras, ha ayudado a 240.000 personas en 70 países: 170.000 han recibido asistencia jurídica, 4.500 alojamiento de urgencia para quienes llegan sin nada y 14.000 atención psicológica para afrontar el trauma del desplazamiento. Y opera bajo la sombra constante de la represión transnacional: en países sin visado para los rusos, como Georgia y Armenia, el riesgo de secuestro o de presiones extrajudiciales sigue siendo real. El FSB utiliza redes de informantes para seguir a los militantes más conocidos. Utiliza como rehenes a las familias de los exiliados que siguen en Rusia. La seguridad es relativa. El exilio no es la libertad.
Y luego está la clandestinidad radical. El movimiento «Stop the Wagons» [«Parad los vagones»] ha saboteado líneas ferroviarias en Rusia y Bielorrusia para frenar el transporte de munición al frente. El proyecto Solidarity Zone [Zona de Solidaridad], fundado en 2022, presta ayuda jurídica y económica a quienes han llevado a cabo acciones directas contra infraestructuras militares, y apoya actualmente a más de 40 personas. A diferencia de las organizaciones tradicionales de derechos humanos, que solo defienden a quienes protestan «pacíficamente», Solidarity Zone reconoce que, cuando a quien se manifiesta pacíficamente le caen ocho años de cárcel, la frontera entre resistencia legal e ilegal se convierte en un lujo impuesto por quienes no sufren consecuencias por su inacción.
La asimetría moral no podría ser más marcada. Los socialistas rusos contrarios a la guerra se arriesgan a condenas superiores a las de un asesinato. La ley de «agentes extranjeros», ampliada en 2022 y endurecida de nuevo en 2025, criminaliza la actividad pública que cuestiona al Estado, impide a las personas designadas acceder a sus ingresos y les prohíbe ocupar cargos políticos, dar clase en la universidad o trabajar con jóvenes. A los rusos se les prohíbe ahora buscar contenidos «extremistas» en internet. La agencia de censura Roskomnadzor ha empezado a restringir las llamadas por Telegram y WhatsApp. Es lo que Oleg Orlov, de Memorial, describió en su alegato final: «No solo está prohibida la crítica pública, sino cualquier pensamiento independiente. Ya no hay vida privada».
Los campistas occidentales se arriesgan, como mucho, a críticas en las redes sociales. Cuando Andrew Murray, de Stop the War, se niega a exigir la retirada rusa desde la tribuna de un congreso en Londres, ejerce una libertad que a los socialistas rusos les ha costado la cárcel intentar ejercer. Lo mínimo que podría hacer es usarla con honestidad.
Lo que exige de verdad la solidaridad
Los socialistas ucranianos y rusos no se han limitado a criticar a la izquierda occidental. Han formulado, con notable precisión, cómo sería una solidaridad auténtica. La Declaración de Bruselas de 2025, que la Ukraine Solidarity Campaign británica y la Red Europea de Solidaridad con Ucrania (ENSU/RESU) lanzaron a debate en torno a la conferencia de solidaridad celebrada en Bruselas el 26 y 27 de marzo de 2025, ofrece el marco:
Cancelación incondicional de la deuda. No reestructuración, no periodos de carencia ampliados, no préstamos en condiciones favorables: cancelación. La deuda soberana de Ucrania, que supera ya el 100 % del PIB, debe anularse por completo. Como dice Dudin, «el yugo de la deuda debe ir al basurero de la historia, junto con el ejército de los invasores rusos». Cualquier cosa menos condena a una generación de trabajadores ucranianos a pagar su propia defensa mientras los acreedores occidentales cobran intereses.
Armas para la autodefensa, con control democrático. Los socialistas ucranianos exigen armas porque a la fuerza militar hay que oponerle fuerza militar hasta derrotar la invasión. No es una petición de cheques en blanco para el Gobierno de Zelenski. Es una exigencia que nace del mismo principio que llevó a los socialistas a apoyar las armas para la España republicana: el derecho de un pueblo a resistir la conquista fascista.
Oposición al ajuste estructural del FMI y de la UE. Los sindicatos y los partidos de izquierda occidentales deben combatir las 325 condiciones asociadas a los préstamos internacionales. La derogación de la Ley 5371 y la retirada del proyecto de Código del Trabajo deberían ser condiciones innegociables de cualquier solidaridad digna de ese nombre.
Confiscación de los activos congelados del Estado ruso y de los oligarcas para la reconstrucción bajo control democrático. No canalizados a través de vehículos de inversión diseñados por BlackRock. No filtrados por plataformas de coordinación del G7 que esquivan a la sociedad civil ucraniana. Transferidos directamente a una reconstrucción social gestionada por instituciones democráticas y consejos obreros.
Refugio y apoyo material para los exiliados rusos contrarios a la guerra. Las redes creadas en Tiflis, Vilna y Ereván necesitan financiación. Los objetores de conciencia necesitan protección. Los presos políticos necesitan quien los defienda. El movimiento ruso contra la guerra no es una abstracción: son personas concretas en ciudades concretas que necesitan una ayuda material concreta.
Apoyo a los movimientos obreros ucranianos frente a los ataques a los derechos laborales en tiempos de guerra. Solidaridad directa con la Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU), la Confederación de Sindicatos Libres (KVPU), organizaciones feministas como Bilkis y el Taller Feminista, y el sindicato de trabajadoras de la sanidad «Sé como Nina» (Be Like Nina). Solidaridad desde abajo, no transacciones de Gobierno a Gobierno.
Nada de esto apareció en ninguna resolución de Stop the War. Nada de esto figuró en ningún documento del Comité Internacional de los DSA. Nada de esto se discutió en ningún seminario web de CODEPINK [organización pacifista norteamericana]. Las organizaciones que decían defender la paz no tenían nada que decir sobre el contenido de clase de la paz que exigían.
La no intervención, otra vez
En castellano, la comparación con la España republicana no necesita explicación, pero sí precisión. En agosto de 1936, a propuesta del Gobierno de Frente Popular de Léon Blum y con Londres empujando, las potencias europeas firmaron un acuerdo de no intervención, y en septiembre se constituyó en Londres el Comité de No Intervención. Alemania e Italia lo firmaron y siguieron armando a Franco. A la República, el Gobierno legítimo, se le negó el derecho a comprar armas. Solo la URSS y México se las vendieron. Como señaló Azaña, la no intervención fue, en la práctica, una intervención contra el Gobierno legal.
La lección no es que Zelenski sea Negrín ni que Ucrania viva una revolución. Es más elemental. Negar armas a quien es agredido, en nombre de la paz, no neutraliza una guerra: la inclina hacia el agresor. Y en 1936 esa política también tuvo defensores en la izquierda. La socialdemocracia francesa la propuso, y el Partido Laborista y el TUC británicos la respaldaron hasta que la presión de su propia base les obligó a rectificar en 1937. Noventa años después, la «paz» que reclama la izquierda campista tiene la misma forma: embargo para la víctima y negociación sobre el terreno que ha conquistado el agresor.
También en castellano
Los ejemplos de este artículo son sobre todo británicos y norteamericanos, pero el problema no se detiene en el canal de la Mancha. Tiene versiones en el Estado español y en América Latina.
En el Estado español. El 3 de marzo de 2022, una semana después de la invasión, Ione Belarra calificó de «error» el envío de armas a Ucrania porque, a su juicio, ahondaba «la escalada bélica», y días después habló de los «partidos de la guerra». Enrique Santiago, secretario general del PCE, calificó de «incomprensible» que se siguieran enviando armas y atribuyó la guerra a la expansión de la OTAN. En enero de 2026, ante la posibilidad de enviar tropas españolas tras un acuerdo, Podemos anunció su voto en contra con la consigna «no a las guerras por dinero».
En el Parlamento Europeo, los votos que Kyselov reprocha al Grupo de la Izquierda tienen nombres españoles. En la resolución del 27 de noviembre de 2025 sobre una paz justa y duradera para Ucrania, Irene Montero (Podemos) fue el único voto español en contra y Estrella Galán (Sumar) se abstuvo. En la del 24 de febrero de 2026, en el cuarto aniversario de la invasión, Montero e Isabel Serra votaron en contra y Galán volvió a abstenerse. El patrón se repite en 2026: Podemos vota en contra y Sumar se abstiene.
Tampoco la izquierda revolucionaria está a salvo de la contradicción. Anticapitalistas condena «la invasión imperialista» y reconoce «el legítimo derecho del pueblo ucraniano a resistir», y mantiene una «campaña de solidaridad con las socialistas de Ucrania y Rusia». Pero su resolución de agosto de 2022 afirma que los envíos de armamento y las sanciones «no son muestras de solidaridad con el pueblo ucraniano» y reclama el «fin del envío de armas por parte de países imperialistas». Sotsialnyi Rukh pide armas, y una organización que se solidariza con la izquierda ucraniana pide que no se le envíen. Es un debate que conviene tener abiertamente, con las propias compañeras y compañeros ucranianos en la mesa.
En América Latina. En abril de 2023, Lula afirmó que «la decisión de la guerra la tomaron dos países», y en septiembre de 2024 Brasil y China lanzaron en la ONU el «Grupo de Amigos de la Paz», al que se sumaron, entre otros, México, Colombia y Bolivia. México se ha negado a sancionar a Rusia invocando la neutralidad constitucional. Gustavo Petro declaró que las armas de fabricación rusa del ejército colombiano se quedarían «como chatarra» antes que ir a Ucrania. En la Asamblea General de la ONU, el 2 de marzo de 2022, Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua se abstuvieron en la resolución que condenaba la invasión. Es una diplomacia que se presenta como no alineamiento y que, en la práctica, trata la agresión como un malentendido entre dos partes.
En la izquierda trotskista argentina, el debate atraviesa al propio Frente de Izquierda. El PTS y la Fracción Trotskista exigen «Fuera las tropas rusas de Ucrania», pero también «Fuera la OTAN de Europa del este» y «No al rearme», y se oponen a los envíos de armas de la OTAN. Izquierda Socialista y la UIT-CI, con la consigna «Fuera Putin de Ucrania. Apoyo a la resistencia ucraniana. No a la OTAN», enviaron una delegación a Ucrania en mayo de 2022 y difunden en castellano los documentos de Sotsialnyi Rukh.
Lo que se puede hacer aquí. En el Estado español viven 262.782 personas ucranianas con protección temporal (junio de 2026). La Red Europea de Solidaridad con Ucrania (RESU) tiene presencia en el Estado español y vínculos con América Latina. Las exigencias de la Declaración de Bruselas pueden defenderse en cualquier sindicato o asamblea de habla hispana, empezando por la más sencilla: preguntar a los socialistas ucranianos qué necesitan, y escucharlos.
La acusación sigue en pie
El título de este artículo no es una metáfora. «Nos entregaron» es una descripción literal de lo que ocurrió. La izquierda occidental «antibelicista» pasó tres años oponiéndose a las armas, exigiendo negociaciones e insistiendo en que la resistencia de Ucrania no era más que una operación por delegación de la OTAN. El acuerdo entre Trump y Putin aplica exactamente ese programa: concesiones territoriales, desmilitarización, explotación económica por parte de ambas potencias imperiales y la rehabilitación de la anexión como instrumento aceptable de la política de Estado.
La izquierda campista no causó este desenlace. No tiene tanto poder. Pero le dio cobertura ideológica. Normalizó los marcos que hicieron concebible el reparto. Le dijo a toda una generación de militantes occidentales que la autodeterminación ucraniana importaba menos que oponerse a la OTAN, que resistir la colonización rusa era secundario frente a resistir los envíos de armas occidentales, que el pueblo bombardeado merecía de algún modo menos solidaridad que las abstracciones geopolíticas que se debatían.
Los socialistas ucranianos que luchan en dos frentes, contra las bombas rusas y contra las condiciones del FMI a la vez, merecían algo mejor de la izquierda internacional. Los socialistas rusos contrarios a la guerra, que se enfrentan a la cárcel y al exilio por oponerse al imperialismo de su propio Gobierno, merecían algo mejor. Recibieron comunicados de prensa de Stop the War y abstenciones de los DSA.
La cuarta parte de esta serie examina la bancarrota teórica que produjo este desenlace: el error analítico que llevó a organizaciones que reivindican la herencia del internacionalismo revolucionario a confundir Serbia en 1914 con Irlanda en 1916. Pero el análisis teórico importa solo por lo que costó en la práctica. Y quienes pagaron ese coste ya han dictado su veredicto.
No es un veredicto indulgente. Ni debe serlo.
«Con Washington y Moscú» examina cómo un sector de la izquierda internacional pasó de oponerse a los dos bloques de la Guerra Fría a acomodarse al reparto conjunto de Ucrania por Estados Unidos y Rusia. La serie documenta los términos del acuerdo, sigue la trayectoria política de las organizaciones que hicieron posible este desenlace, da voz a los socialistas ucranianos y defiende un internacionalismo que se pone del lado de los oprimidos frente a todos los imperialismos.
Nota de traducción
Correcciones al original inglés:
El Movimiento Socialista Ruso fue declarado «agente extranjero» en abril de 2024 y se disolvió en mayo de 2024, no «a principios de 2025». Su declaración «Contra la media solidaridad y el falso pacifismo» es del 1 de mayo de 2023.
La declaración tiene siete reivindicaciones; el original enumeraba seis y omitía la tercera (que la carga de la militarización recaiga en quienes hicieron negocios con el régimen de Putin). Se ha ajustado además la redacción a la del texto: «retirada completa de las tropas rusas del territorio ucraniano», no «fronteras de 1991», y facilidades de inmigración para quienes huyen «de la represión y de la movilización», no «asilo para desertores y disidentes».
Las citas atribuidas a un artículo de Taras Bilous en Jacobin de noviembre de 2025 son de Oleksandr Kyselov («Ukraine Faces an Unbearable Choice», 21 de noviembre de 2025), y las «fórmulas pacifistas» se refieren a la izquierda rusa, no a la izquierda internacional. Se han trasladado al párrafo sobre Kyselov.
La expresión «antiimperialismo de los idiotas» la acuñó Leila Al-Shami en 2018; el original la atribuía a Budraitskis.
La proporción de condenas políticas con pena de prisión (40 % en 2021, 67 % en el primer semestre de 2025) procede del índice de represión de Re:Russia, no de OVD-Info.
Las cifras de El Arca se han sustituido por las que publica el propio proyecto (noviembre de 2026).
La Declaración de Bruselas se lanzó como borrador para el debate en torno a la conferencia del 26 y 27 de marzo de 2025; no hemos podido confirmar la cifra de «más de veinte países».
La «Carta a la izquierda occidental» de Bilous apareció primero en openDemocracy (25 de febrero de 2022) y después en Dissent.
«El derecho a resistir» lo publicó un grupo de feministas ucranianas en Commons en julio de 2022.
Nombres y grafías. Seguimos el Diccionario panhispánico de dudas para los topónimos (Kiev, Járkov, Mariúpol). Los nombres de autores se escriben como ellos los firman en alfabeto latino (Perekhoda, Budraitskis, Kyselov).
Citas. La carta de Bilous se cita por la traducción de openDemocracy en español. Las demás citas, incluidas las de la entrevista de Pilash y el alegato de Orlov, son traducción nuestra del inglés.Notas
El original no lleva notas; todas son de esta edición (N. del T.).
Denys Pilash, entrevista de Federico Fuentes, «The left should support a just peace for Ukraine, not a Trump-Putin deal to appease the aggressor», Links, 13 de marzo de 2025. Versión en castellano en CADTM.
Taras Bilous, «Carta a la izquierda occidental escrita desde Kiev», openDemocracy, 28 de febrero de 2022.
Oleksandr Kyselov, «Ukraine Faces an Unbearable Choice», Jacobin, 21 de noviembre de 2025; «Fighting for the Least Unjust Peace», International Viewpoint, 11 de diciembre de 2025.
Resolución del Parlamento Europeo del 27 de noviembre de 2025 (RC-B10-0545/2025), aprobada por 401 votos a favor, 70 en contra y 90 abstenciones; resolución del 24 de febrero de 2026 (RC-B10-0143/2026). Votaciones nominales según HowTheyVote.eu.
Movimiento Socialista Ruso, «Against Half-Solidarity and False Pacifism», 1 de mayo de 2023, reproducida en International Viewpoint.
Re:Russia, índice de represión (10 de noviembre de 2025); OVD-Info, «Repression in Russia in 2025» (30 de enero de 2026).
Leila Al-Shami, «The “anti-imperialism” of idiots», 14 de abril de 2018.
Ruslan Sidiki fue condenado el 23 de mayo de 2025 por el tribunal militar de Riazán; la condena se confirmó en apelación el 1 de julio de 2026.
Kovcheg, cifras publicadas en kovcheg.live (consultado en noviembre de 2026).
«The Brussels 2025 Declaration», Ukraine Solidarity Campaign, 12 de abril de 2025.
FMI, comunicados de prensa 25/399 (26 de noviembre de 2025) y 26/066 (26 de febrero de 2026); Verjovna Rada, ficha del proyecto de ley n.º 16010.
Anticapitalistas, «Abajo los imperialismos, combatamos las guerras y la remilitarización capitalista», agosto de 2022.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, datos de residentes ucranianos a 30 de junio de 2026.
Traducción de Topo Rojo, del inglés. La «Nota a la edición en castellano» y los apartados «La no intervención, otra vez» y «También en castellano» se han escrito para esta edición.


